Un nuevo informe hace y responde la pregunta de $19 millones: ¿por qué los consumidores tienen las de perder en cuanto a los precios de los servicios públicos en Nueva York?

Los consumidores pagan por los aumentos de tarifas —y por los costos incurridos por las empresas de servicios públicos para promover esos aumentos—; llevar el proyecto de ley de ‘financiamiento de interventores’ ante la gobernadora ayudaría a igualar el campo de juego

IN ENGLISH | ALBANY, NUEVA YORK — Los clientes de servicios públicos en Nueva York pagaron una factura de casi $19 millones por los gastos de sus empresas de servicios públicos durante la última ronda para promover aumentos de tarifas para esos mismos clientes.

Básicamente, los consumidores pagan para que su empresa de servicios públicos aumente sus tarifas de servicios públicos.

“Y es por eso que, en gran medida, los consumidores tienen las de perder en cuanto a los precios de los servicios públicos en Nueva York”, según La gran brecha que enfrentan los consumidores de servicios públicos, un nuevo análisis de AARP New York con el asesoramiento del Public Utility Law Project (PULP).

AARP insta a la gobernadora Kathy Hochul a firmar un proyecto de ley (S.3034-A/A.873-A) para ayudar a igualar el campo de juego y proteger a los consumidores. El financiamiento de los interventores permitiría que grupos de individuos u organizaciones sin fines de lucro que representan a clientes residenciales o de pequeñas empresas soliciten el reembolso de los costos para combatir los aumentos de tarifas propuestos ante los reguladores estatales, tal como lo hacen las compañías de servicios públicos en todos los casos relacionados con las tarifas.

Las compañías de servicios públicos de inversionistas en Nueva York acumularon una suma combinada de $18,975 millones en gastos de honorarios de abogados, consultores y testigos expertos para presentar argumentos a favor de sus últimas respectivas propuestas de aumento de tarifas ante la Comisión de Servicios Públicos (PSC) del estado, según los informes anuales de las compañías.

Ese dinero se añade a los gastos de las empresas cuando la PSC establece nuevas tarifas, que son pagadas por los clientes.

“Los consumidores de servicios públicos residenciales y de pequeñas empresas han tenido todas las de perder durante años”, dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP New York. “Esos consumidores necesitan y merecen una voz independiente para oponerse a los casos bien financiados promovidos por las compañías de servicios públicos, especialmente porque son los consumidores quienes pagan la factura de los casos de sus empresas. Este proyecto de ley tomaría un paso adelante hacia nivelar el campo de juego, y la gobernadora Hochul debería firmarlo para que se convierta en ley ahora”.

“Los reguladores dependen de la dinámica participación de interesados externos en sus complejos procedimientos para recaudar datos y elaborar argumentos que se incluirán en el registro de pruebas, en el cual, en última instancia, se basarán las decisiones”, explica el informe. 

“En Nueva York, no hay escasez de dicha participación para las compañías de servicios públicos ni los grandes clientes comerciales e industriales.  Sin embargo, hay una gran brecha entre ellos y los consumidores residenciales y de pequeñas empresas. Estos clientes más pequeños que necesitan servicios públicos en sus hogares y sus negocios centrarían la atención regulatoria mucho más en el impacto de las altas y crecientes tarifas.  El funcionamiento adecuado del proceso regulatorio depende de la participación plena de todas las partes para nivelar el campo de juego. Pero el campo actual se inclina considerablemente a favor de las compañías de servicios públicos y los grandes intereses comerciales”.

A continuación, se presenta la cantidad que pagaron los consumidores de cada una de las principales empresas de servicios públicos de Nueva York por el último caso de aumento de tarifas de gas y electricidad:

                                              

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